CASO MENGOLINI- LIBERTAD DE EXPRESIÓN (OCCS)

93 tuits después: Julia Mengolini y un caso testigo para la libertad de prensa en Argentina

Por: María Luz Rubio Argüello  1 de Junio de 2021

¿Qué revela el caso Julia Mengolini sobre los límites del poder y la libertad de prensa en Argentina? 93 tuits, una denuncia y un precedente inquietante en la era digital. En las últimas semanas, el caso de la periodista Julia Mengolini volvió a colocar en el centro del debate argentino la relación entre el poder político y el ejercicio de la libertad de expresión. El disparador: una serie de 93 publicaciones realizadas o compartidas por el presidente Javier Milei en X (ex Twitter), entre el 28 y el 30 de junio, en las que se dirigió de forma reiterada a Mengolini, replicando contenidos ofensivos, burlas y un video manipulado con inteligencia artificial.

Aunque los señalamientos públicos a periodistas no son una novedad en el actual gobierno argentino, el volumen, el tono y el tipo de contenido involucrado en este episodio marcaron un punto de inflexión. Lo que comenzó como una respuesta del presidente a una crítica, devino en una cadena de hostigamiento digital sin precedentes recientes desde una cuenta oficial.

Este caso, que derivó en denuncias cruzadas entre Mengolini y Milei, plantea interrogantes relevantes no solo desde lo político y mediático, sino también desde el enfoque jurídico y de derechos humanos. ¿Dónde se traza el límite entre la libertad de expresión de los funcionarios públicos y el uso del poder para perseguir a voces críticas? ¿Qué ocurre cuando se combinan desinformación, discursos estigmatizantes y recursos estatales?

Hostigamiento, inteligencia artificial y judicialización

El conflicto escaló cuando cuentas afines al oficialismo comenzaron a difundir un video generado con inteligencia artificial que aludía a una supuesta relación incestuosa entre Mengolini y su hermano. Ese material fue luego amplificado por el presidente. En sus declaraciones, ella afirmó: “No era solo para hacerme sufrir, era para torturarme.”

El 1° de julio, Milei denunció penalmente a Mengolini por injurias en el Juzgado Federal N.º 7, invocando expresiones suyas de 2023 en las que, según la presentación, habría hecho alusiones ofensivas hacia el mandatario.  Pocos días después, la periodista presentó una denuncia penal contra el presidente, funcionarios de su entorno y usuarios de redes sociales, con el patrocinio legal de Juan Grabois y el respaldo de la organización Argentina Humana. La denuncia es por «amenazas, intimidación pública e incitación al odio, malversación de fondos públicos y asociación ilícita destinada a combatir ideologías e imponer sus ideas por la fuerza». En este marco, el juzgado interviniente ordenó medidas de protección para Mengolini, incluyendo custodia policial y botón antipánico, al considerar que existe un “riesgo cierto” para su integridad física y psíquica.

Además de la vía judicial, el caso también fue expuesto públicamente en distintos espacios institucionales. El 15 de julio se realizó una clase magistral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sobre el vínculo entre inteligencia artificial y violencia estatal, donde Julia Mengolini y su abogado Juan Grabois alertaron sobre nuevas formas de hostigamiento digital desde el poder.

En paralelo, Grabois advirtió en una entrevista con Crónica TV sobre el uso de deep fakes como herramienta de “terrorismo psicológico con fines políticos”. Por su parte, Mengolini también presentó su testimonio en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, en el marco de una convocatoria sobre violencia política contra mujeres y disidencias.

Estas dos intervenciones públicas —una académica, otra parlamentaria— mostraron no solo la dimensión institucional del caso, sino también su relevancia en los debates actuales sobre libertad de expresión, violencia política, tecnología y género.

Un patrón más amplio

Este no es un caso aislado. Según datos de FOPEA, en el primer año de gestión del actual gobierno se registraron al menos 173 ataques a la prensa, de los cuales el 32% provinieron directamente del presidente. Además, La Nación contabilizó más de 410 menciones despectivas hacia periodistas y medios en discursos oficiales.

Las expresiones utilizadas —“ensobrados”, “farsantes”, “basuras humanas”, “torturadores seriales”— se han reiterado en distintas plataformas. Además del caso Mengolini, en mayo de 2025,  Milei denunció penalmente a otros tres periodistas: Carlos Pagni (La Nación), Viviana Canosa (Canal 13) y Ari Lijalad (El Destape) por alegadas calumnias e injurias, acusándolos de ser “prostitutos políticos”. Estos episodios se suman a decisiones estructurales que afectan el ecosistema informativo y el acceso a información plural:      el cierre de la agencia estatal Télam, la eliminación de la pauta oficial y la reducción de espacios en medios públicos.

Este contexto ha tenido repercusiones internacionales. En su último informe (de 2025), Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió sobre un “retroceso alarmante” en la libertad de prensa en Argentina y ubicó al país en el puesto 66 del ranking mundial, marcando una caída de 21 lugares respecto al año anterior. Entre los principales motivos, RSF señala el discurso estigmatizante desde el poder, el debilitamiento de medios públicos y el aumento de agresiones en entornos digitales.    

A este clima contribuyen también ciertos códigos simbólicos difundidos desde las propias redes del presidente. Entre ellos, la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas” fue compartida y viralizada desde su cuenta personal, en respuesta a críticas de la prensa. En algunos espacios digitales afines al oficialismo, esa expresión incluso comenzó a circular bajo forma de sigla (NOSALP), como consigna irónica o de validación. Aunque aparentemente banal, este tipo de gestos refuerza una narrativa de confrontación sostenida y organizada desde el poder.

¿Cuáles son los límites?

Desde el derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de expresión de los funcionarios públicos goza de protección, pero también exige responsabilidad. La Corte Interamericana ha sostenido en reiteradas ocasiones que los altos funcionarios están sujetos a un deber reforzado de tolerancia frente a la crítica, y que el poder estatal no puede ser utilizado para intimidar, perseguir o silenciar voces disidentes. La utilización de tecnologías como la inteligencia artificial para replicar contenido falso con intenciones difamatorias plantea desafíos jurídicos emergentes reconocidos ya por organismos internacionales de derechos humanos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión han alertado sobre los riesgos de los deep fakes como potenciales instrumentos de desinformación y violencia simbólica cuando provienen del Estado o son amplificados desde el poder, y han instado a los Estados a desarrollar políticas regulatorias y preventivas al respecto.

En el ámbito regional, el Informe Anual 2024 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH enfatiza en que la desinformación generada o replicada por autoridades públicas no solo socava la confianza en el ecosistema informativo, sino que también viola el derecho de la sociedad a recibir información plural y veraz. La RELE recuerda que “las autoridades públicas están llamadas a mantener un discurso favorable a la deliberación pública y a la libertad de expresión” y que deben “abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes o intencionadamente falsas, que puedan incrementar el riesgo de violencia contra periodistas, opositores u otros actores sociales”.

Por tanto, en este caso, la participación del presidente en la amplificación de contenido falso generado con IA trasciende lo simbólico: representa un precedente  que tensiona los estándares interamericanos y exige medidas institucionales para evitar que el discurso estatal se convierta en plataforma de desinformación dañina.

Una democracia exige pluralismo

Sin pluralismo, no hay democracia sustantiva. Y sin garantías para que los periodistas puedan expresar ideas sin temor a represalias, no hay libertad de expresión plena. ¿Qué pasa cuando el poder, en lugar de tolerar la crítica, la convierte en blanco? Lo que debería generar debate, termina activando mecanismos de disciplinamiento. El caso Mengolini puede ser el síntoma más visible de un clima hostil que se naturaliza en redes y se legitima desde el Estado. Defender a una periodista que fue blanco de hostigamiento no es un gesto individual: es defender el derecho colectivo a disentir sin miedo.

Citación académica sugerida: Rubio Argüello, María Luz. 93 tuits después: Julia Mengolini y un caso testigo para la libertad de prensa en Argentina. Agenda Estado de Derecho. 2025/08/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/julia-mengolini-libertad-de-prensa-en-argentina/

Palabras clave: Argentina, libertad de prensa, Javier Milei, inteligencia artificial, derechos humanos, Julia Mengolini

ACTIVIDAD:

1.       ¿Por qué el caso de Julia Mengolini generó tanta discusión sobre la libertad de prensa en Argentina?

2.       ¿Qué uso hizo el presidente Milei de la inteligencia artificial en este conflicto y por qué es preocupante?

3.       ¿Qué denuncias presentaron Julia Mengolini y el presidente Milei, y por qué?

4.       ¿Qué dicen organismos internacionales sobre el peligro de que los gobiernos difundan noticias falsas o ataquen a periodistas?

5.       ¿Qué otros ejemplos muestra el texto que indican que el caso Mengolini no es un hecho aislado?